Síntesis temática

Si bien muchos lugares de Argentina han sido históricamente valorados por la disponibilidad de recursos minerales, Argentina nunca ha sido un país minero ni la minería ha sido una de las actividades mas desarrolladas, como sí sucede en otros países de América Latina como Chile, Bolivia o Perú. Sin embargo, el agotamiento al que están llegando las reservas minerales en el mundo, hizo que las grandes corporaciones mineras pusieran sus ojos en Argentina, atraídas por un conjunto de leyes sancionadas durante los 90 que tenían como objetivo brindar a las empresas ventajas impositivas y leyes ambientales flexibles.

Los metales, como el oro, la plata o el cobre, se encuentran en Argentina en estado de diseminación, en partículas muy pequeñas en las rocas de las montañas haciendo imposible extraerlos con las técnicas tradicionales como la minería de socavón. Por el contrario, la forma de extraer estos minerales es con la metodología denominada a cielo abierto que requiere la demolición de toneladas de roca y el lavado de la misma con sustancias químicas como el cianuro, que mezclado con agua potable permite separar el metal de la roca, en lo que se denomina proceso de lixiviado.

Los recursos extraídos por las empresas mineras, principalmente de capitales canadienses y estadounidenses, son enviados al exterior, y solo deben pagar en concepto de regalías un máximo de 3 % sobre el valor de lo que las mismas empresas dicen estar extrayendo mediante declaración jurada. Además, las empresas no pagan impuestos por los servicios básicos que utilizan ni tampoco por el agua potable requerida durante el proceso de producción. El agua empleada es contaminada al mezclarse con las sustancias químicas y no puede ser utilizada para la agricultura, el consumo humano o bien, para los animales de la región.

Estas ventajas son parte del marco legal que permite a las empresas extraer minerales que son estratégicos por su baja disponibilidad y obtener ganancias extraordinarias. En Catamarca, por ejemplo, con la producción del yacimiento Bajo la Alumbrera, cada 100 dólares de producción, solo un dólar con veinte queda en la provincia.

El Estado Nacional y el Estado provincial de las provincias mineras, en especial San Juan, Catamarca y Santa Cruz, entre otras, actúan como los principales promotores de la actividad, y legitiman la misma a pesar de sus consecuencias económicas y ambientales, argumentando que la actividad traerá “progreso” a la región, en concordancia con las promesas de puestos de trabajo y cuidado del ambiente que las empresas hacen a las comunidades locales. Sólo seis provincias prohibieron mediante leyes, la minería a cielo abierto con utilización de cianuro (San Luis, Córdoba, Tucumán, La Pampa, Chubut y Mendoza). Leyes similares sancionadas en La Rioja y Rio Negro luego fueron derogadas, en 2006 y 2011 respectivamente.

Esta nueva minería de carácter transnacional está en marcha desde 1997, año de la inauguración de Bajo la Alumbrera en Catamarca, uno de los emprendimientos mas importantes junto con Veladero en San Juan, Cerro Vanguardia en Santa Cruz y Pascua Lama, proyecto binacional con Chile, facilitado mediante el Tratado de Integración y Complementación Minera firmado con dicho país en 1997, el cual crea una región entre ambos países en el que las mineras cuentan con libertad de acción.

Desde el desembarco de las corporaciones mineras en Argentina y los primeros efectos de su actividad en Catamarca, las comunidades locales comenzaron a organizarse y las consecuencias económicas y ambientales que Bajo la Alumbrera comenzó a provocar, funcionaron como caso testigo para los habitantes de cualquier localidad del país en donde una empresa minera quisiera instalarse. Uno de los casos mas destacados ocurrió en Esquel, donde la organización comunal logró frenar mediante plebiscito la instalación de la minera “El desquite”, cuya producción alteraría de manera irreversible la vida en dicha ciudad. De allí en más, el conflicto entre las comunidades locales, por un lado, y las empresas y el Estado por el otro, se reproduce en cada rincón de la Argentina minera.

Las comunidades locales se enfrentan, en un conflicto asimétrico, a corporaciones con gran poder económico que intentan frenar las protestas con ofertas de empleos y obras de mejoramiento de espacios públicos en el pueblo. Por otra parte, las empresas cuentan con el apoyo del Estado, quien dispone de las fuerzas de seguridad o del poder judicial para frenar las acciones de las comunidades locales. Estas últimas defienden el derecho a trabajo digno, al ambiente sano y se resisten a que las empresas, con complicidad del Estado, dispongan de recursos naturales de vital importancia como el agua potable a muy bajo costo, y pongan en riesgo las producciones locales y la salud de sus habitantes.

Fuente: Adaptación de Estrella, M. ““La apropiación de los Recursos Naturales en la minería metalífera en Argentina” En: Flores, F. (2010) Geografía 12: El espacio geográfico argentino. Editorial Longseller. Buenos Aires.